El fiscal federal Carlos Rívolo solicitó hoy que Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, vayan a juicio como coautores del magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner y el jefe de la banda, Nicolas Carrizo por ser partícipe secundario del hecho que tuvo lugar el pasado primero de septiembre en las inmediaciones de su departamento del barrio de Recoleta.
Rivolo aseguró que los acusados actuaron de forma "premeditada", es decir, que hubo un plan ideado para llevar adelante el asesinato a la exmandataria.
"Aprovechándose de la confusión y desprolijidad que generaba la multitud de personas, Sabag Montiel extiende su brazo para pasar la primera línea de individuos que conformaban un cordón humano frente a la vicepresidenta, apunta el arma de fuego que portaba en dirección a su rostro, la acerca a escasos centímetros y acciona el gatillo, al menos en una oportunidad, llegándose a escuchar incluso el click", precisó la fiscalía.
El fiscal avaló su petición en las imágenes de las cámaras de seguridad que estaban presentes en el lugar del hecho y de los mensajes que Sabag Montiel y Uliarte se habían envíado días antes para planear el ataque, incluso, con la idea de llevarlo a cabo antes y de los que ellos tuvieron con terceras personas.
Por otro lado, en relación a Carrizo, detenido semanas después del hecho, la fiscalía consideró una conversación minutos después del atentado entre él y Uliarte, donde él pensaba que Sabag Montiel había utilizado un arma de fuego provista por él.
"Estamos decididos a matarla a la puta esa", expresó Carrizo quien además mantuvo una conversación con otras personas donde les hacía saber que él había participado en la planificación del hecho.
"Corresponde mencionar que, durante la instrucción, al menos hasta este momento y luego de haberse producido numerosas medidas tanto por esta Fiscalía como por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), no se ha podido corroborar, tanto que el ataque investigado haya requerido de una financiación específica, como que los imputados hubieren recibido financiación externa o pago alguno para llevarlo adelante", aclaró la fiscalía.
En tal punto, también se detalló que los acusados no recibieron durante los últimos dos años una suma de dinero que hiciera creer que estaban siendo financiados para llevar adelante el ataque. “Todas las transferencias e ingresos analizados guardan absoluta correlación con las actividades informales que los nombrados realizaban para subsistir", indicó la fiscalía.
Además, Rivolo sostuvo que “no surgió vínculo alguno de los nombrados con ninguna agrupación o persona que a esta altura permitiera siquiera sospechar sobre la posibilidad de que se les hubiese brindado asistencia para el suceso".