El Ministerio de Seguridad de Río Negro puso en vigor la nueva ley N° 5726, que prohíbe el funcionamiento de radares de velocidad no autorizados y anula más de 400.000 infracciones registradas. Esta normativa otorga un plazo de 90 días a la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) para regularizar los cinemómetros en uso, mientras que los radares no autorizados serán desactivados y sus multas canceladas.
La ley, aprobada por unanimidad, generó controversia entre los impulsores de la legislación. Javier Acevedo, presidente del bloque del ARI y autor de la ley, criticó el cumplimiento parcial de la normativa y solicitó la renuncia del titular de la APSV, Marcelino Di Gregorio. Acevedo señala que la Agencia y otras autoridades responsables no están actuando conforme a los términos de la ley, que entró en vigencia el 22 de julio.
Desde su implementación a finales de 2021, se registraron 445.000 infracciones, de las cuales 41.500 fueron pagadas. La ley estipula que las 403.500 multas restantes serán anuladas y archivadas. Según los datos, los radares autorizados por la APSV, ubicados en localidades como Regina y Cipolletti, generaron la mayoría de las multas.
Acevedo señaló que la normativa debe ser aplicada de manera uniforme, prohibiendo los radares no autorizados por la APSV y realizando una revisión exhaustiva de los equipos en funcionamiento. El legislador también advirtió sobre posibles denuncias penales por incumplimiento de los deberes oficiales y sugirió que se requiera un cambio en los funcionarios responsables si no se cumple con la ley.